Izquierda Unida, que ya encabezó en abril el rechazo a un recorte de derechos similar para las elecciones autonómicas y al Congreso, considera que “a instancias de los dos partidos mayoritarios se está a punto de amputar un derecho constitucional explícitamente reconocido”.
Los órganos de dirección de Izquierda Unida, incluida su dirección federal encabezada por Cayo Lara, su Consejo Político Federal, así como su grupo parlamentario, han expresado a instancias de sus federaciones del exterior su “rechazo frontal y general” a la reforma de la Ley Electoral (LOREG) auspiciada principalmente por PSOE y PP en la subcomisión parlamentaria creada a tal fin dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, por la que pretenden impedir a partir de ahora que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones municipales.
IU valora que “la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma electoral está a punto a instancias de PSOE y PP de amputar un derecho explícitamente reconocido en el artículo 149 de la Constitución, bajo el pretexto de que se han cometido irregularidades en el pasado”. Izquierda Unida se opone igualmente al llamado voto rogado, cuyos engorrosos trámites tendrían como efecto inmediato una drástica bajada de la participación.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, logró el pasado mes de abril encabezar el rechazo y frenar parte del proyecto de reforma electoral pretendido originalmente por las dos formaciones mayoritarias, que incluía que los residentes españoles en el exterior tampoco pudieran votar en elecciones autonómicas, en las generales al Congreso, al tiempo que se incluían graves modificaciones en las candidaturas al Senado para el voto emigrante, en este último caso aún pendiente de resolver de forma definitiva.
Esta formación recibió el respaldo de diversas asociaciones de residentes españoles en diversos países europeos y de Hispanoamérica, al tiempo que tuvo conocimiento del profundo malestar que la actuación parlamentaria conjunta de PSOE y PP causaba entre sus propios militantes residentes fuera de España, gravemente preocupados por los recortes sus derechos que sus mismos partidos pretendían.
En estos momentos, cuando sigue pendiente la supresión del derecho a voto en las elecciones municipales de los españoles residentes fuera del territorio nacional, esta situación sigue provocando la indignación de las federaciones de Izquierda Unida en el Exterior y de las asociaciones que representan a los cerca de dos millones de españoles que viven fuera, quienes en caso de aprobación final de la reforma de la ley denunciarían su inconstitucionalidad en los órganos competentes.
A continuación se incluye la resolución aprobada por el Consejo Político Federal de IU (máximo órgano de dirección entre asambleas) sobre esta cuestión
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida aborda y respalda la propuesta de las Federaciones del Exterior en relación con dos temas que afectan, de manera directa, al colectivo de españoles residentes en el extranjero:
1. En los trabajos actualmente en curso de la Subcomisión sobre la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), creada por la Comisión Constitucional del Congreso los Diputados, PSOE y PP estarían de acuerdo en la eliminación del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en los comicios municipales. Existe, por tanto, el riesgo de ver desaparecer un derecho democrático, como es el derecho de voto en las elecciones a los Ayuntamientos.
En defensa del mismo y posicionándonos claramente en contra de tal medida, queremos dejar constancia de que los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero, dada la gran importancia histórica de la emigración en España, están claramente fijados en la Constitución Española, (artículo 149.1.2ª), que establece los derechos de los emigrantes en los ámbitos económico, social y político (artículos 42 y 68.5).
Para llevar a la práctica este derecho constitucional se adoptó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio a los españoles contemplando su ejercicio por los electores ausentes en todos los procesos electorales: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”. De modo que la inscripción censal en el CERA será “obligatoria”, y es la Administración quien debe adoptar las mejores y más adecuadas medidas para garantizar la transparencia y la universalidad del censo electoral.
La principal causa alegada para la modificación de la legislación vigente es que en determinadas comunidades autónomas -y citan el caso de Galicia- se han producido irregularidades y situaciones discutibles. No obstante, no podemos admitir que se generalice una solución al problema mediante la supresión de derechos fundamentales.
Hay que recordar también que, según la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, se reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero “a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”.
2. En segundo lugar, denunciamos la política de cierre de consulados –el último de ellos el Consulado General de España en Hannover (Alemania)- que, según se ha anunciado, podría continuar en otras ciudades alemanas y del resto de Europa.
El cierre de los consulados generales y de las secciones consulares contraviene al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se determina la necesidad de que el Estado desarrolle una política integral de la emigración para “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exilados y de los descendientes de ambos”. En efecto, son muchos los trámites administrativos y de otro tipo que se gestionan en las secciones consulares españolas y el cierre de sus oficinas causaría importantes perjuicios a los españoles residentes en el extranjero.quierda Unida, que ya encabezó en abril el rechazo a un recorte de derechos similar para las elecciones autonómicas y al Congreso, considera que “a instancias de los dos partidos mayoritarios se está a punto de amputar un derecho constitucional explícitamente reconocido”.
Los órganos de dirección de Izquierda Unida, incluida su dirección federal encabezada por Cayo Lara, su Consejo Político Federal, así como su grupo parlamentario, han expresado a instancias de sus federaciones del exterior su “rechazo frontal y general” a la reforma de la Ley Electoral (LOREG) auspiciada principalmente por PSOE y PP en la subcomisión parlamentaria creada a tal fin dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, por la que pretenden impedir a partir de ahora que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones municipales.
IU valora que “la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma electoral está a punto a instancias de PSOE y PP de amputar un derecho explícitamente reconocido en el artículo 149 de la Constitución, bajo el pretexto de que se han cometido irregularidades en el pasado”. Izquierda Unida se opone igualmente al llamado voto rogado, cuyos engorrosos trámites tendrían como efecto inmediato una drástica bajada de la participación.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, logró el pasado mes de abril encabezar el rechazo y frenar parte del proyecto de reforma electoral pretendido originalmente por las dos formaciones mayoritarias, que incluía que los residentes españoles en el exterior tampoco pudieran votar en elecciones autonómicas, en las generales al Congreso, al tiempo que se incluían graves modificaciones en las candidaturas al Senado para el voto emigrante, en este último caso aún pendiente de resolver de forma definitiva.
Esta formación recibió el respaldo de diversas asociaciones de residentes españoles en diversos países europeos y de Hispanoamérica, al tiempo que tuvo conocimiento del profundo malestar que la actuación parlamentaria conjunta de PSOE y PP causaba entre sus propios militantes residentes fuera de España, gravemente preocupados por los recortes sus derechos que sus mismos partidos pretendían.
En estos momentos, cuando sigue pendiente la supresión del derecho a voto en las elecciones municipales de los españoles residentes fuera del territorio nacional, esta situación sigue provocando la indignación de las federaciones de Izquierda Unida en el Exterior y de las asociaciones que representan a los cerca de dos millones de españoles que viven fuera, quienes en caso de aprobación final de la reforma de la ley denunciarían su inconstitucionalidad en los órganos competentes.
A continuación se incluye la resolución aprobada por el Consejo Político Federal de IU (máximo órgano de dirección entre asambleas) sobre esta cuestión
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida aborda y respalda la propuesta de las Federaciones del Exterior en relación con dos temas que afectan, de manera directa, al colectivo de españoles residentes en el extranjero:
1. En los trabajos actualmente en curso de la Subcomisión sobre la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), creada por la Comisión Constitucional del Congreso los Diputados, PSOE y PP estarían de acuerdo en la eliminación del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en los comicios municipales. Existe, por tanto, el riesgo de ver desaparecer un derecho democrático, como es el derecho de voto en las elecciones a los Ayuntamientos.
En defensa del mismo y posicionándonos claramente en contra de tal medida, queremos dejar constancia de que los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero, dada la gran importancia histórica de la emigración en España, están claramente fijados en la Constitución Española, (artículo 149.1.2ª), que establece los derechos de los emigrantes en los ámbitos económico, social y político (artículos 42 y 68.5).
Para llevar a la práctica este derecho constitucional se adoptó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio a los españoles contemplando su ejercicio por los electores ausentes en todos los procesos electorales: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”. De modo que la inscripción censal en el CERA será “obligatoria”, y es la Administración quien debe adoptar las mejores y más adecuadas medidas para garantizar la transparencia y la universalidad del censo electoral.
La principal causa alegada para la modificación de la legislación vigente es que en determinadas comunidades autónomas -y citan el caso de Galicia- se han producido irregularidades y situaciones discutibles. No obstante, no podemos admitir que se generalice una solución al problema mediante la supresión de derechos fundamentales.
Hay que recordar también que, según la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, se reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero “a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”.
2. En segundo lugar, denunciamos la política de cierre de consulados –el último de ellos el Consulado General de España en Hannover (Alemania)- que, según se ha anunciado, podría continuar en otras ciudades alemanas y del resto de Europa.
El cierre de los consulados generales y de las secciones consulares contraviene al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se determina la necesidad de que el Estado desarrolle una política integral de la emigración para “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exilados y de los descendientes de ambos”. En efecto, son muchos los trámites administrativos y de otro tipo que se gestionan en las secciones consulares españolas y el cierre de sus oficinas causaría importantes perjuicios a los españoles residentes en el extranjero.
Los órganos de dirección de Izquierda Unida, incluida su dirección federal encabezada por Cayo Lara, su Consejo Político Federal, así como su grupo parlamentario, han expresado a instancias de sus federaciones del exterior su “rechazo frontal y general” a la reforma de la Ley Electoral (LOREG) auspiciada principalmente por PSOE y PP en la subcomisión parlamentaria creada a tal fin dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, por la que pretenden impedir a partir de ahora que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones municipales.
IU valora que “la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma electoral está a punto a instancias de PSOE y PP de amputar un derecho explícitamente reconocido en el artículo 149 de la Constitución, bajo el pretexto de que se han cometido irregularidades en el pasado”. Izquierda Unida se opone igualmente al llamado voto rogado, cuyos engorrosos trámites tendrían como efecto inmediato una drástica bajada de la participación.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, logró el pasado mes de abril encabezar el rechazo y frenar parte del proyecto de reforma electoral pretendido originalmente por las dos formaciones mayoritarias, que incluía que los residentes españoles en el exterior tampoco pudieran votar en elecciones autonómicas, en las generales al Congreso, al tiempo que se incluían graves modificaciones en las candidaturas al Senado para el voto emigrante, en este último caso aún pendiente de resolver de forma definitiva.
Esta formación recibió el respaldo de diversas asociaciones de residentes españoles en diversos países europeos y de Hispanoamérica, al tiempo que tuvo conocimiento del profundo malestar que la actuación parlamentaria conjunta de PSOE y PP causaba entre sus propios militantes residentes fuera de España, gravemente preocupados por los recortes sus derechos que sus mismos partidos pretendían.
En estos momentos, cuando sigue pendiente la supresión del derecho a voto en las elecciones municipales de los españoles residentes fuera del territorio nacional, esta situación sigue provocando la indignación de las federaciones de Izquierda Unida en el Exterior y de las asociaciones que representan a los cerca de dos millones de españoles que viven fuera, quienes en caso de aprobación final de la reforma de la ley denunciarían su inconstitucionalidad en los órganos competentes.
A continuación se incluye la resolución aprobada por el Consejo Político Federal de IU (máximo órgano de dirección entre asambleas) sobre esta cuestión
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida aborda y respalda la propuesta de las Federaciones del Exterior en relación con dos temas que afectan, de manera directa, al colectivo de españoles residentes en el extranjero:
1. En los trabajos actualmente en curso de la Subcomisión sobre la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), creada por la Comisión Constitucional del Congreso los Diputados, PSOE y PP estarían de acuerdo en la eliminación del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en los comicios municipales. Existe, por tanto, el riesgo de ver desaparecer un derecho democrático, como es el derecho de voto en las elecciones a los Ayuntamientos.
En defensa del mismo y posicionándonos claramente en contra de tal medida, queremos dejar constancia de que los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero, dada la gran importancia histórica de la emigración en España, están claramente fijados en la Constitución Española, (artículo 149.1.2ª), que establece los derechos de los emigrantes en los ámbitos económico, social y político (artículos 42 y 68.5).
Para llevar a la práctica este derecho constitucional se adoptó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio a los españoles contemplando su ejercicio por los electores ausentes en todos los procesos electorales: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”. De modo que la inscripción censal en el CERA será “obligatoria”, y es la Administración quien debe adoptar las mejores y más adecuadas medidas para garantizar la transparencia y la universalidad del censo electoral.
La principal causa alegada para la modificación de la legislación vigente es que en determinadas comunidades autónomas -y citan el caso de Galicia- se han producido irregularidades y situaciones discutibles. No obstante, no podemos admitir que se generalice una solución al problema mediante la supresión de derechos fundamentales.
Hay que recordar también que, según la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, se reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero “a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”.
2. En segundo lugar, denunciamos la política de cierre de consulados –el último de ellos el Consulado General de España en Hannover (Alemania)- que, según se ha anunciado, podría continuar en otras ciudades alemanas y del resto de Europa.
El cierre de los consulados generales y de las secciones consulares contraviene al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se determina la necesidad de que el Estado desarrolle una política integral de la emigración para “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exilados y de los descendientes de ambos”. En efecto, son muchos los trámites administrativos y de otro tipo que se gestionan en las secciones consulares españolas y el cierre de sus oficinas causaría importantes perjuicios a los españoles residentes en el extranjero.quierda Unida, que ya encabezó en abril el rechazo a un recorte de derechos similar para las elecciones autonómicas y al Congreso, considera que “a instancias de los dos partidos mayoritarios se está a punto de amputar un derecho constitucional explícitamente reconocido”.
Los órganos de dirección de Izquierda Unida, incluida su dirección federal encabezada por Cayo Lara, su Consejo Político Federal, así como su grupo parlamentario, han expresado a instancias de sus federaciones del exterior su “rechazo frontal y general” a la reforma de la Ley Electoral (LOREG) auspiciada principalmente por PSOE y PP en la subcomisión parlamentaria creada a tal fin dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, por la que pretenden impedir a partir de ahora que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en las elecciones municipales.
IU valora que “la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma electoral está a punto a instancias de PSOE y PP de amputar un derecho explícitamente reconocido en el artículo 149 de la Constitución, bajo el pretexto de que se han cometido irregularidades en el pasado”. Izquierda Unida se opone igualmente al llamado voto rogado, cuyos engorrosos trámites tendrían como efecto inmediato una drástica bajada de la participación.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, logró el pasado mes de abril encabezar el rechazo y frenar parte del proyecto de reforma electoral pretendido originalmente por las dos formaciones mayoritarias, que incluía que los residentes españoles en el exterior tampoco pudieran votar en elecciones autonómicas, en las generales al Congreso, al tiempo que se incluían graves modificaciones en las candidaturas al Senado para el voto emigrante, en este último caso aún pendiente de resolver de forma definitiva.
Esta formación recibió el respaldo de diversas asociaciones de residentes españoles en diversos países europeos y de Hispanoamérica, al tiempo que tuvo conocimiento del profundo malestar que la actuación parlamentaria conjunta de PSOE y PP causaba entre sus propios militantes residentes fuera de España, gravemente preocupados por los recortes sus derechos que sus mismos partidos pretendían.
En estos momentos, cuando sigue pendiente la supresión del derecho a voto en las elecciones municipales de los españoles residentes fuera del territorio nacional, esta situación sigue provocando la indignación de las federaciones de Izquierda Unida en el Exterior y de las asociaciones que representan a los cerca de dos millones de españoles que viven fuera, quienes en caso de aprobación final de la reforma de la ley denunciarían su inconstitucionalidad en los órganos competentes.
A continuación se incluye la resolución aprobada por el Consejo Político Federal de IU (máximo órgano de dirección entre asambleas) sobre esta cuestión
El Consejo Político Federal de Izquierda Unida aborda y respalda la propuesta de las Federaciones del Exterior en relación con dos temas que afectan, de manera directa, al colectivo de españoles residentes en el extranjero:
1. En los trabajos actualmente en curso de la Subcomisión sobre la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), creada por la Comisión Constitucional del Congreso los Diputados, PSOE y PP estarían de acuerdo en la eliminación del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en los comicios municipales. Existe, por tanto, el riesgo de ver desaparecer un derecho democrático, como es el derecho de voto en las elecciones a los Ayuntamientos.
En defensa del mismo y posicionándonos claramente en contra de tal medida, queremos dejar constancia de que los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero, dada la gran importancia histórica de la emigración en España, están claramente fijados en la Constitución Española, (artículo 149.1.2ª), que establece los derechos de los emigrantes en los ámbitos económico, social y político (artículos 42 y 68.5).
Para llevar a la práctica este derecho constitucional se adoptó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio a los españoles contemplando su ejercicio por los electores ausentes en todos los procesos electorales: “El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero”. De modo que la inscripción censal en el CERA será “obligatoria”, y es la Administración quien debe adoptar las mejores y más adecuadas medidas para garantizar la transparencia y la universalidad del censo electoral.
La principal causa alegada para la modificación de la legislación vigente es que en determinadas comunidades autónomas -y citan el caso de Galicia- se han producido irregularidades y situaciones discutibles. No obstante, no podemos admitir que se generalice una solución al problema mediante la supresión de derechos fundamentales.
Hay que recordar también que, según la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, se reconoce el derecho de los españoles residentes en el extranjero “a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”.
2. En segundo lugar, denunciamos la política de cierre de consulados –el último de ellos el Consulado General de España en Hannover (Alemania)- que, según se ha anunciado, podría continuar en otras ciudades alemanas y del resto de Europa.
El cierre de los consulados generales y de las secciones consulares contraviene al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se determina la necesidad de que el Estado desarrolle una política integral de la emigración para “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exilados y de los descendientes de ambos”. En efecto, son muchos los trámites administrativos y de otro tipo que se gestionan en las secciones consulares españolas y el cierre de sus oficinas causaría importantes perjuicios a los españoles residentes en el extranjero.
