La Comisión Ejecutiva Regional de IU-CM ha aprobado (por 20 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones) la propuesta del Calendario y Normas del Proceso Electoral 2011 que incluye la aprobación de los ejes programáticos y las cabeceras de listas a la Asamblea y al Ayuntamiento de Madrid el próximo 11 de diciembre por parte del Consejo Político Regional.
El proceso electoral estará abierto hasta el 28 de enero de 2011 donde se celebrará un Consejo Político Regional que aprobará definitivamente el programa electoral autonómico y municipal y la ratificación de las listas electorales del resto de ayuntamientos. Durante 2010 se celebrarán foros, procesos participativos abiertos y una convención con el fin de impulsar la participación de la ciudadanía.
IU-CM considera que el proceso electoral debe ir ligado a las propuestas y el debate de los ejes programáticos en el contexto del proceso refundacional de IU y de IU-CM. Además este proceso se abordará en el marco de la máxima activación de la participación afiliativa y estará orientada al encuentro con los movimientos sociales y las propuestas de los colectivos ciudadanos.
“El contexto estatal y de la Comunidad de Madrid hace necesario tener cuanto antes referentes electorales vinculados a unos ejes programáticos y un discurso político que nos perfile en la izquierda de manera unívoca y autónoma y que rompa el previsible bipartidismo que se produce en los procesos electorales y donde todo apunta a que será más fuerte que nunca”, concluyen.
Esta propuesta de calendario y normas deberá aprobarse definitivamente en la Presidencia regional del próximo 4 de noviembre.
Fuente original: www.iucm.org
y el Plan de extensión de Izquierda Unida.
En política no se elige el momento de gobernar con interés partidista, sino que democráticamente los electores colocan a una o varias formaciones políticas en la tesitura de hacer frente a los retos y dar una respuesta eficaz a los problemas de nuestro municipio.
Eludir esta responsabilidad por razones de interés o beneficio partidario es objetivamente reducir las posibilidades de solucionar democrática además de privar a nuestro ciudadanos de la posibilidad de una alternativa política a partir de la impugnación de una acción del Gobierno anterior que la mayoría de la Corporación no apoyaba.
Por tanto acceder al Gobierno Municipal es una responsabilidad libre y democráticamente asumida por el tripartito ( PSOE-JPP-IU)
La situación es sumamente difícil, la caída de ingresos municipales, unido a una política de servicios municipales, equipamientos, y medios materiales y humanos por encima de la media regional explica suficientemente el déficit económico.
El Gobierno Municipal trata todos los días de dar respuesta eficaz a las necesidades, opta políticamente por prioridades dirigidas a los mas necesitados y a los servicios básicos y cuando no puede atenderlos no cambia de opinión caprichosamente sino que explica razonadamente los elementos esenciales de su nueva toma de posición.
Se puede y se debe cambiar de opinión, y si las circunstancias lo aconsejan se debe también de cambiar la decisión, ante el retraso o impedimentos en la toma de decisiones es necesario explicar el porque de las mismas. No siempre es posible resolver con eficacia y prontitud los problemas, pero este Gobierno siempre explicará los porques con un razonamiento argumentado para todas y cada una de las decisiones que afectan a los ciudadanos de Pinto.
Con este compromiso gestionamos este difícil presente y al mismo tiempo que saneamos las arcas municipales diseñamos el futuro de un pueblo equipado y con servicios municipales que pagamos entre todos, servicios que en su cantidad y calidad están por encima de la media regional.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, inició hoy su ronda de reuniones con los máximos dirigentes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para impulsar la histórica reivindicación de IU desde 1986 de reformar la Ley Electoral, una norma que califica como “antidemocrática, profundamente injusta y limitadora de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Lara se ha entrevistado en la sede federal de IU por espacio de una hora con la diputada de UPyD, Rosa Díez, primer encuentro al que le sucederán otros con ERC, CiU y NaBai. Los dirigentes de estas formaciones han respondido ya afirmativamente a la carta en la que invitaba a todos los partidos a intercambiar puntos de vista sobre esta cuestión.
En la valoración realizada al término de la entrevista, Cayo Lara hizo una detallada explicación de cómo Izquierda Unida es la fuerza política que se ve más negativamente afectada por la Ley Electoral vigente, una norma que “sólo beneficia a los dos grandes partidos nacionales -PSOE y PP- que, además, resultan ser los mayores enemigos para que se lleve a cabo su reforma”. Destacó que a IU no le mueve un “interés partidista, sino de defensa de calidad de la democracia”.
El máximo dirigente de IU puntualizó que esta ley “está hecha para fomentar el bipartidismo político y que no tenga cabida ninguna otra fuerza política de ámbito estatal que las dos principales. Esto, que venimos arrastrando desde la transición, se ideo para reducir la representación provincial del PCE, pero luego ha afectado a otras formaciones como el CDS, la propia IU o desde hace poco a UPyD”.
Cayo Lara ilustró la “clara limitación de la igualdad de los electores al depositar su voto” con el ejemplo del distinto valor de éste dependiendo del lugar desde donde se emita. Así, “un escaño cuesta unos 57.000 votos en Palencia y alrededor de 170.000 en Madrid”, detalló.
Además de la falta de igualdad, el coordinador federal ejemplificó también la “injusticia que supone esta ley al consagrar que a los dos grandes partidos les cueste conseguir un escaño cerca de 66.000 votos, mientras que IU necesita cerca de 485.000 para lograrlo. Supone que un voto de un simpatizante nuestro valga siete veces menos que el de otro del PSOE o el PP”.
“Esto –explicó- significa nada más y nada menos que un robo de los escaños. Los 12 escaños que nos faltan están ocupados ahora por diputados del PSOE y del PP, ya que si existiese de verdad una ley electoral proporcional IU tendría 14 escaños. Esto nos permitiría pasar de ser una fuerza influyente a una decisiva, ya que otro gallo cantaría si tuviéramos la representación que PSOE y PP nos niegan y nos roban”.
En su opinión, de haberse producido esta reforma hace tiempo podría haberse propiciado que España se estructurase hoy de otra forma, que la vertebración política y social fuese distinta, o que se practicasen políticas fiscales y sociales diferentes.
Cayo Lara se paró también a desgranar el informe emitido por el Consejo de Estado, tras el encargo de la elaboración del mismo por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para ayudar a orientar esta reforma. Se felicitó de que en sus cerca de 350 páginas “recoja en un 80% las reivindicaciones históricas que viene planteando Izquierda Unida”. De igual forma, lamentó que el PSOE no haya querido pronunciarse de forma concreta sobre las propuestas de este trabajo y que no lo haya tenido en cuenta hasta el momento en la labor que se viene realizando en la subcomisión parlamentaria para la reforma electoral, encuadrada dentro de la Comisión Constitucional del Congreso.
“Ya no nos pueden decir que lo decimos o lo planteamos nosotros solos –indicó Lara- lo advierte también el Consejo de Estado”, y señaló a continuación que en su informe este organismo detalla los desajustes existentes en el reparto de escaños, la falta de proporcionalidad de la ley o la consagración de la desigualdad de oportunidades de unos partidos frente a otros en cada proceso electoral.
Cayo Lara recordó que en este trabajo se habla de las distorsiones que provoca que la circunscripción electoral sea la provincia y no la comunidad autónoma, o los avances en la proporcionalidad que supondría aplicar en el recuento de votos la Ley de Hare en lugar de la Ley d'Hont.
Indicó también que el informe habla de pasar de 350 a 400 diputados, una histórica medida que propone IU, pero sobre la que reconoce su coste económico y su complejidad, por lo que estaría dispuesto a fórmulas más sencillas y que tampoco requieren una reforma constitucional, como mantener el número actual de escaños pero pasando de que haya dos diputados fijos por provincia a sólo uno y que los 50 escaños que se liberarían así se repartieran de forma proporcional en una única bolsa estatal.
El coordinador federal recordó que IU tiene ya en marcha una campaña de recogida de firmas para apoyar la reforma electoral, “campaña que vamos a intensificar en los próximos meses para conseguir una iniciativa social y política en este sentido”. Además, una vez que se conozca el alcance de la reforma que dictamine la subcomisión parlamentaria creada a tal efecto “de la que no somos muy optimistas”, adelantó que su formación presentará una proposición de ley en el Congreso para proseguir con el debate sobre este problema.
Al mismo tiempo, exhortó a PSOE y PP a que agilicen los trabajos en esta subcomisión que estudia la reforma de la Ley Electoral y que deben estar concluidos antes del verano de 2010.
Creen insuficiente la ley del aborto y defienden mínimo 22 semanas para la libre elección.
Mujeres de IU-CM han lamentado hoy que Esperanza Aguirre haya asistido a las manifestaciones contra el aborto, se han mostrado absolutamente a favor del derecho de las mujeres a decidir y han reclamado que se saque el aborto del Código Penal.
En este sentido, han señalado que las organizaciones anti-elección no tienen en cuenta que las limitaciones aumentan el número de abortos clandestinos, con riesgo para la vida de las mujeres. En una resolución aprobada, han calificado hoy de insuficiente la nueva Ley del Aborto, pues sería una de las legislaciones más atrasadas de Europa, y ha defendido un plazo no inferior a 22 semanas, según lo establece la Organización Mundial de la Salud, para la libre elección de la mujer para interrumpir la gestación.
Por ello, consideran muy breve el plazo de 14 semanas que se establece para abortar sin alegar ningún supuesto porque con este tiempo se dejan fuera un gran número de casos, pues habitualmente las chicas jóvenes, las mujeres inmigrantes o mujeres con otras responsabilidades no pueden tomar la decisión antes.
Además, han denunciado el retroceso de la nueva legislación en algunos sentidos. Con la normativa anterior una mujer no tenía plazo para abortar si había riesgo para su salud física o patológica, pero con el nuevo proyecto de ley se establece un plazo máximo de 22 semanas y, pasado ese tiempo, será ilegal que la mujer aborte aunque corra peligro su salud.
Mujeres de IU-CM reclama una auténtica educación sexual que contemple la perspectiva de género, pues sólo desde la igualdad se puede prevenir que las jóvenes no usen anticonceptivos, y que la píldora post-coital sea cubierta por la sanidad pública y que se garantice que todas las farmacias cumplan la normativa que les obliga a dispensarlas sin receta.
El portavoz del PSOE, Jesús Cuadrado, ha afirmado que la salida de las tropas supondría volver al régimen de los talibanes que hubo hasta 2001. Cuadrado ha subrayado que lo que está ocurriendo en Afganistán no es un conflicto bélico como el de Irak o el de Vietnam, porque -ha remarcado- la ONU y España "no hacen la guerra". La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, también se ha opuesto a que España abandone Afganistán para evitar que este país se convierta en un "santuario terrorista". "Si nos vamos, esto es peor", ha opinado Rodríguez-Salmones, quien sí ha respaldado que haya un "debate profundo" sobre el papel de España en Afganistán. La diputada de UPyD, Rosa Díez, se ha unido al rechazo a retirar las tropas porque sería dejar a Afgasnistán "en manos del totalitarismo" talibán. El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno tenga más en cuenta al Parlamento en el desarrollo de la misión, postura que ha compartido el diputado del PNV, José Ramón Beloki. El BNG sí ha dado su apoyo a debatir un plan de repliegue para salir de un conflicto que tienen como principal objetivo "preservar los intereses estratégicos de Estados Unidos", según ha dicho su diputado Francisco Jorquera.
Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre la intervención militar española en Afganistán.
Nuestro Grupo Parlamentario viene reclamando un debate a fondo y en toda su complejidad, en sede parlamentaria, sobre las características de la misión española en Afganistán, sobre sus objetivos y sus límites, sobre sus costes económicos y sus resultados, sobre la seguridad de nuestras tropas y fundamentalmente, sobre el establecimiento de un calendario de retirada militar para concentrar nuestra política de paz en la búsqueda de soluciones diplomáticas y en la reconstrucción y el desarrollo de la población civil afgana.
Este debate se está produciendo a escala internacional y muy especialmente en los parlamentos nacionales de los países implicados, en los que los gobiernos están viendo cuestionada la participación de sus respectivas Fuerzas Armadas.
Cerca de 400 cargos municipales y miembros de la dirección Federal de Izquierda Unida se concentraron el pasado viernes a las puertas del Ministerio de Economía y Hacienda para reclamar un nuevo modelo de financiación local para los ayuntamientos, ante los reiterados incumplimientos del Gobierno socialista de sacar adelante un nuevo Pacto Local al tiempo que el nuevo modelo de financiación autonómica.
En declaraciones a los periodistas durante la concentración cívica y silenciosa, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, lamentó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya “incumplido uno de sus compromisos más importantes como era hacer la financiación de los ayuntamientos en paralelo con la autonómica. Son ya 30 años siendo los parientes pobres del Estado, pero cuando hay que salvar situaciones el Gobierno echa mano de los ayuntamientos, como con el Plan E”.
El máximo dirigente de IU denunció la “falta de voluntad” del Ejecutivo socialista para abordar a fondo la financiación local y resolver “los problemas que tiene la gente de desempleo, vivienda o pequeña y mediana empresa”.
Además, criticó que los Presupuestos Generales 2010 contemplen “una propuesta de recorte del 8,4 por ciento inicial a los ayuntamientos, que ahora van a ser más parientes pobres todavía”.
Cayo Lara destacó que las exigencias de IU “coinciden plenamente” con las planteadas por los propios alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y conectan “con lo que quiere el conjunto de los ciudadanos”. Adelantó que IU seguirá con su campaña municipal para que “se haga justicia con la parte más sensible de las administraciones, que son las corporaciones locales”. Como ejemplo, recordó que “el 35% de los servicios que prestan los ayuntamientos son de competencias que corresponden a CC.AA. y al Estado”.
Por su parte, el secretario de Política Municipal de IU y teniente de alcalde y regidor de Bienestar Social, Participación y Cultura del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Eberhard Grosske, planteó que piden este nuevo modelo de financiación local porque “la primera puerta a la que llaman los ciudadanos es a la de sus ayuntamientos, que necesitan recursos para responderles”.
Grosske recordó al Gobierno que “está muy bien que se haya acordado un modelo de financiación autonómica” pero criticó “que se hayan olvidado de los ayuntamientos, algo que es muy malo para los ciudadanos”.
Según dijo, “no pueden estar los servicios sociales saturados, con imposibilidad para hacer políticas de vivienda adecuadas, de arbitrar becas educativas y ayudar con un montón de cuestiones que la gente necesita”.
“Estamos aquí –explicó- para pedir dinero para los ciudadanos. No solamente tiene que haber planes E para inversiones, sino que tiene que haber una transferencia importante. IU reclama 3.000 millones de gasto corriente para los ayuntamientos, para que puedan atender las necesidades ciudadanas, y un fondo de 5.000 millones de euros para inversiones”.
El dirigente de IU reclamó también que a medio plazo se haga una Ley de Financiación Local que saque a los ayuntamientos de su situación de “relegados permanentes de esta democracia. Debe flexibilizarse su capacidad de endeudamiento, ya que están absolutamente encorsetados por no tener unos impuestos que dependan de ellos para financiarse”.
Los ayuntamientos son “la única institución que no progresa desde hace 30 años y está estancada en el 11 ó 13% del total del gasto público, cuando cada vez más hace esfuerzos para políticas sociales”.
